Prensa AD Carabobo).- El vicepresidente de Acción Democrática Antonio Ecarri, advirtió que la reforma de la Ley orgánica del Trabajo pone en riesgo a la pequeña y mediana empresa (Pymes) a tal punto que podrían ir a la bancarrota.
Señaló que aunque las grandes empresas también se ven afectadas, el 73% del empleo en el país es creado por la micro, pequeña y mediana empresa.
“La reforma de la Ley en términos de retroactividad genera una carga de pasivos laborales que no son sostenibles ni para el Estado, ni para el sector privado, siendo la pequeña y mediana empresa la más afectada en sus finanzas”.
Según las estimaciones de un estudio efectuado por el economista y profesor del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (Iesa), Richard Obuchi, señaló que cerca de 9 millones de venezolanos trabajan en pymes y poco más de 3,5 millones de personas lo hacen en pymes formales.
Ecarri manifestó la Ley Orgánica del Trabajo y las reformas que se hagan en ella "benefician a la mitad de la población laboral", quienes tienen un empleo formal, ya que el 43,9% se encuentra en la población está en el sector informal de la economía, del sector formal, el 66% está en el sector privado y el 33% en el sector público.
Indicó que la reforma promulgada por el Presidente de la República cayó de sorpresa entre los sindicatos oficialistas quienes se han quejado del desconocimiento del tema.
“La Ley orgánica del Trabajo que acaba de ser derogada, antes de ser promulgada por el Congreso Nacional, tuvo una extensa divulgación; mientras tanto, la Ley que promulgó el Presidente no fue conocida por las Cátedras de Derecho de las universidades nacionales, ni por las academias, ni por los sindicatos, por lo que se convirtió en un gran misterio y para colmo, se aprobó, inconstitucionalmente, a través de la Ley Habilitante”.
Recordó que aunque la masa laboral asciende a unos 14 millones de venezolanos, la mitad se encuentra en lo que se conoce como el Sistema Informal Urbano (SIU) que no recibe la protección de la Ley, ni disfrutan de los beneficios que otorga la legislación laboral a los trabajadores formales.
“A pesar que el gobierno admite la existencia de un desempleo total que ronda cifras de dos dígitos (10%) maquillada por el trabajo informal, se calcula que hay un nivel de desempleados cercanos al millón y medio. Esto permite concluir que entre el sector informal y los desempleados que no reciben beneficios de la Ley laboral se agrupan unos 8 millones de ciudadanos, mientras que los 6 millones restantes se encuentran: unos 4 millones en el sector privado y aproximadamente 2 millones en la Administración Pública”.
A juicio del vicepresidente de la tolda blanca con la entrada de esta reforma, al estado venezolano se le multiplicaría de tal manera la deuda actual con sus trabajadores, que hasta ahora no ha podido honrar, en cifras impagables ni siquiera con bonos de la deuda pública. En definitiva, de no reglamentarse debidamente esta Ley podría terminar quebrando la empresa privada y el mismo Estado venezolano.
“La deuda actual del Estado es de $19.000 millones y esto aumentaría a unos $66.500 millones, un incremento de la deuda en 250%, según las estimaciones realizadas por el profesor del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (Iesa), Richard Obuchi, quien lo calcula con base en el salario promedio y con una inflación también promedio del 25%”.
Las grandes empresas de más de 100 empleados representan 20% del sector privado. El economista recuerda que este sector de la actividad privada es más sensible a las contracciones de la economía y a los cambios en la política regulatoria por la vía legal, por lo que en la última década se les ha dificultado generar empleo.
Según Ecarri, en el análisis Obuchi asegura que para las pymes un esquema retroactivo estimula el despido temprano, pues atenta contra la viabilidad financiera si la permanencia excede los cinco años.
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