“Desde la misma propuesta de Ley de Presupuesto 2012 presentada por el Gobierno Nacional, alertamos la inconveniencia y perjuicios de formular un presupuesto subestimado tanto en los ingresos petroleros como en los gastos ordinarios”, insistió.
Sampedro detalló que el Gobierno colocó tope a los ingresos ordinarios, al establecer el precio del barril de petróleo a 50 dólares, lo que a su juicio fue una maniobra que, lejos de atender a la ‘prudencia y austeridad’ alegada, es una manipulación del Ejecutivo para disponer “a su completa discreción” de todo lo que percibe la República por venta de petróleo, cuando el promedio del barril es $100.
La parlamentaria acotó que por otra parte, no fueron contemplados todos los gastos previsibles, como los 20.055 millones que se necesitan para pagar el ajuste de 32,25% del salario mínimo previsto; gasto que, según la diputada, fue “deliberadamente omitido” para no abultar el presupuesto y pagar así a las regiones un 20% de situado disminuido, aseveró.
“Por esta razón, ahora el Gobierno Nacional se ve obligado a apelar al crédito adicional para cubrir un incremento de sueldo, que insistimos, no aumenta la capacidad de compra del venezolano, considerando las altas tasas de inflación e impuestos como el IVA, que en conjunto se lo consumen”, añadió.
La diputada de Prove criticó que la fuente de financiamiento de estos créditos, para el pago del incremento salarial, sean ingresos extraordinarios. “Contra la lógica presupuestaria, el Gobierno pagará gastos recurrentes con recursos extras que hoy están, mañana no sabemos si se producirán, o lo que es peor, los venezolanos no sabemos si tal gasto podría ser cubierto con mayor endeudamiento (…) esto lo presuponemos tras la aprobación por decreto de una nueva reforma de la LOAFSP, con la cual el Presidente se autofaculta para endeudar sin límites a nuestro país” subrayó.
Para Vestalia Sampedro, estas prácticas “recurrentes” del Ejecutivo, confirman la racionalidad de las observaciones contra el caprichoso manejo de las finanzas públicas, “en franco desacato” al régimen presupuestario establecido en la Constitución Nacional, enfatizó.
“Y si nos parece grave esta situación, más escándalo nos tiene que producir la indiferencia y falta de voluntad para con los gobiernos regionales; a la fecha, ni el Presidente, ni el Consejo Federal de Gobierno, se han pronunciado sobre la incapacidad financiera de los estados y municipios para cumplir el compromiso impuesto desde el Poder Central”, dijo.
Sampedro explicó que “no se han considerado a las máximas autoridades y representantes de las regiones, escogidas no por el dedo de nadie, sino por la voluntad de sus pobladores, no se les ha consultado o requerido información sobre sus verdaderos gastos, sus necesidades, no se ha solicitado un crédito adicional para que éstas honren el compromisos con sus trabajadores; por el contrario, son atacadas y saboteadas sus gestiones, producto de la mezquindad, el sectarismo y un espíritu antidemocrático de irrespeto total a la voluntad popular, que les impide trabajar en función de las necesidades de la población, que en definitiva debe y tiene que ser el objetivo de la política”, recalcó.
Finalmente, la diputada expresó su solidaridad con los habitantes del estado Táchira, quienes “además de ser azotados por las fuertes lluvias, han sido azotados con el castigo que le propina el Gobierno Central, porque no admite, no reconoce, no le perdona que soberanamente se hayan levantado contra su mala gestión, desplazando al Psuv en la Gobernación (…) perjudicando con su pase de factura, no al Gobernador del estado, sino a su gente, que hoy no cuenta con vías de comunicación adecuadas por la falta de inversión y mantenimiento”, puntualizó.
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